El Parlamento Europeo ha aprobado la directiva sobre comercio electrónico que permitirá a los consumidores invocar su legislación nacional cuando quieran reclamar contra una empresa del mercado virtual, si así se ha regulado en su Estado. Los conflictos entre empresas se regirán por las normas que hayan pactado de antemano. Esta directiva consagra la libre prestación de servicios en toda la Unión Europea. Las empresas españolas de comercio electrónico no han recibido con agrado el texto definitivo de la directiva, que no ha recogido su reivindicación de que las relaciones entre empresas y consumidores se rijan por la ley del país de origen de la empresa.
