La escasez de peritos homologados para evaluar los riesgos en el trabajo impide cumplir la ley de salud laboral. La Consellería de Treball rebajará las exigencias para poner en marcha servicios de prevención y cursos de especialistas en riesgos laborales. Las mutuas de accidentes laborales y enfermedades profesionales se encuentran desbordadas por las numerosas peticiones de auditorías. La Generalitat cobra el 60% de las multas.
