Tras la promulgación de la Ley 40/2002, reguladora del contrato de aparcamiento de vehículos, se han resuelto en gran medida los conflictos derivados del uso de parking o aparcamientos públicos y se ha tipificado un contrato que no tenía una regulación normada. La sentencia obliga al titular de un aparcamiento a indemnizar al poseedor del justificante en caso del robo del vehículo estacionado.