El PP quiere aprovechar la revisión del Pacto de Toledo para tratar de limitar el uso de las prejubilaciones por parte de las empresas, que están suponiendo un alto coste para el Inem y la Seguridad Social. En 1999 el Estado tuvo que destinar 100.000 millones de pesetas al pago de las ayudas públicas a los diferentes tipos de jubilación anticipada. El PP también quiere plantear el cambio de subidas salariales por aportaciones de la empresa a planes colectivos de pensiones. Incluye gráfico con la evolución del coste de las prejubilaciones para el Estado desde 1990 a 1999, y cuadro con las tasas de población activa y en paro de varios países de Europa.
