El autor considera que la prestación de la dependencia, a través del sistema público de atención, es desigual e ineficiente, y necesita una revisión profunda para atender a las necesidades reales de la ciudadanía. Es preciso, según su opinión, mejorar la prestación de servicios, la garantía de equidad y el replanteamiento de la participación del sector privado para la provisión de dichas garantías. Se muestra a favor de un sistema en el que la prioridad sea revisar el equilibrio entre la cobertura de los grandes riesgos de dependencia por parte de los entes públicos y la cobertura de los riesgos ordinarios por parte del sector privado. También se muestra a favor de un regulador proactivo. Además, entiende que la experiencia de estos cuatro años de la regulación presente es una prueba de que se debe refundar la cobertura del riesgo de dependencia, de base.
