Los técnicos del Ayuntamiento confirman la "ruina inminente" del Windsor y aconsejan su desmantelamiento. Proceso judicial abierto por el derrumbamiento del túnel del metro en el Carmel
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BDS Sección Entorno
Fecha
18/02/2005
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Resumen
Los técnicos del Ayuntamiento de Madrid han elaborado un informe del edificio Windsor, tras poder entrar en el mismo, en el que consideran que el rascacielos se encuentra en "ruina inminente" y no auguran buenas proyecciones para la torre. También da cuenta sobre dónde se originó el fuego y las consecuencias que tuvo en el resto del edificio. El documento contiene una amplia valoración y, entre otras definiciones técnicas, constata el "pésimo estado en el que se encuentran todas las crujías". A la vista de la situación "irreversible", los técnicos confirman que "procede la declaración de ruina inminente y su completa demolición". Tras conocer el trabajo realizado, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció que la próxima semana se presentará un plan para demoler el edificio, aunque se hará "de fuera adentro". Consistirá en una operación para desmontar el Windsor desde fuera mediante grandes grúas que cortarán y bajarán las piezas. La empresa encargada de la demolición es Ortiz Construcciones y Proyectos, una de las empresas adjudicatarias del contrato para atender este tipo de contingencias, aunque se desconoce el tiempo que se utilizará para demoler el inmueble y el precio. El Ayuntamiento también ha decidido recortar el perímetro de seguridad, que ha pasado de 500 a 60 metros, lo que permitirá la apertura del centro comercial El Corte Inglés, a excepción de un pabellón que se comunica con el edificio siniestrado, que permanecerá cerrado. En otro orden de cosas, con respecto al derrumbe en el barrio del Carmel, el fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, en cumplimiento de las órdenes de la Fiscalía General del Estado, ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona que investigue las causas y las posibles responsabilidades penales. La iniciativa judicial se une a la querella presentada por los propietarios de varios comercios de la zona contra la empresa GISA, dependiente de la Generalitat, la UTE que ejecutó las obras y el gabinete autor de los informes geológicos. Los querellantes solicitan la RC subsidiaria de la Generalitat de Cataluña.
