Las aseguradoras podrían tener que hcer frente a pagos de entre 2,4 billones de pesetas y 5,6 billones de pesetas por los costes legales y jurídicos derivados por reclamaciones relacionadas por la adecuación de los sistemas informáticos para solucionar el denominado efecto 2000 [incluye un cuadro con el coste de las indemnizaciones por diferentes causas].
