La Audiencia Nacional, pese a que la obligatoriedad de las pruebas de detección de virus del VIH no se dispuso hasta 1985, ha condenado al Ministerio de Sanidad a pagar 10 millones de indemnización a los familiares de una paciente por el contagio del VIH y la hepatitis C al realizársele una transfusión de sangre en 1982.
