Los usuarios que compren una vivienda tendrán un seguro de 10 años, que deberá contratar obligatoriamente el promotor, sobre los daños que se produzcan en el edificio. Esta es la principal garantía que recoge el proyecto de Ley de Ordenación de la Edificación. El texto fue aceptado por arquitectos e ingenieros, excepto los industriales, que creen que les quita competencias y rebaja las garantías de los usuarios, al disminuir los plazos y dificultar las reclamaciones.
