El Tribunal Supremo ha condenado al Insalud al pago de 30 millones de pesetas a las hijas de una mujer que falleció tras serle extirpada la vesícula biliar. Por otra parte, la Audiencia Nacional ha condenado al Ministerio de Sanidad a pagar 10 millones de indemnización a los familiares de una paciente por el contagio del VIH y la hepatitis C al realizársele una transfusión sanguínea en 1982, a pesar de que la obligatoriedad de las pruebas de detección de virus del VIH no se dispuso hasta 1985.
