La sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condena a Carlos Sotos, director del proyecto y presidente de IGS, a dos años, cuatro meses y un día de prisión menor por un delito de apropiación indebida, absolviendo a los otros seis imputados por dudar de su responsabilidad patrimonial y responsabilizando al sindicato UGT del perjuicio causado a los cooperativistas que sufrieron el hundimiento de PSV pidiendo una indemnización de entre 3.000 y 13.000 millones de pesetas.
