El autor analiza el Proyecto de Ley de Seguridad Privada, con el que el Gobierno tiene intención de regular las actividades de los detectives privados y que pretende sustituir a la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada. Considera que el legislador no ha estado fino con este proyecto, porque entiende que en la profesión de detective hay más casuística que el espionaje político o la investigación de actos presuntamente delictivos. Así, cree que está más pensado para casos de espionaje o terrorismo que para las necesidades de información de las aseguradoras para casos de fraude
