Los auditores ya no podrán refugiarse en el secreto profesional para negarse a revelar las irregularidades detectadas en las cuentas de las empresas cotizadas. El gobierno obligará a las firmas a comunicar a la CNMV, el Banco de España y la DGS cualquier indicio de irregularidad grave descubierto [incluye un cuadro con la situación en los diferentes países de la Unión Europea y otro con el nuevo secreto profesional].
