La dirección general de Política Lingüística elabora un informe dirigido al nuevo Gobierno que forme Jordi Pujol en advierte indicios de inconstitucionalidad en lo que respecta a la redacción de las pólizas en la Ley de Supervisión y Ordenación de los Seguros Privados, porque antepone el castellano a las otras lenguas oficiales del Estado. La nueva ley fue apoyada por Convergencia i Unió (CiU).
