El autor habla de las repercusiones, tanto económicas como técnicas, que está teniendo en el sector asegurador la incorporación de la Administración pública. También habla de la Ley 53/1999 que entró en vigor el 29 de marzo y que ha aclarado el régimen jurídico de algunos contratos y corregido ciertas deficiencias técnicas, entre los que se encuentran los contratos bancarios y los de seguros.
