La aseguradora de la responsabilidad civil del Prestige ha comunicado que su responsabilidad máxima en el accidente del petrolero es de 26 millones de euros. El Gobierno le ha reclamado 60 millones de euros como fianza y ha iniciado acciones legales contra el armador del barco, su administrador y la propia aseguradora. El Fondo Internacional para la Compensación de la Contaminación por Petróleo cubre una indemnización total de 180 millones de euros, cantidad a la que se debe restar la proporcionada por la aseguradora.
