Resumen
La Agencia Catalana de Consumo (ACC), adscrita a la Consejería de Comercio, Turismo y Consumo de la Generalitat, ha abierto expediente sancionador a 53 empresas aseguradoras con presencia en Cataluña, el 74,64% del total de 71 empresas inspeccionadas. Se han detectado 269 infracciones de la normativa de consumo, lo que supone una media de 5,1 faltas por empresa infractora. Los expedientes, que tienen un período de tramitación de entre seis meses y un año, terminarán con la imposición de multas de 3.000 euros por infracción leve o de hasta 30.000 euros por infracción grave, en el caso de que la infracción se repita en un porcentaje determinado de las oficinas de la compañía. De todas las empresas visitadas, tres de cada cuatro han cometido alguna irregularidad. La infracción más común detectada en 50 de ellas (68% del total) es la de no anunciar la tenencia de hojas de reclamaciones en carteles visibles. En este sentido, 39, es decir, el 53% del total, no dispone de estas hojas de reclamación y otras 30 (41%) tienen documentos de reclamación propios que no están autorizados. Otras faltas son la “inexistencia o no visible” existencia del horario comercial, que se da en 36 compañías (46%), mientras que sólo 6 (8%) incumplen la normativa sobre el tamaño de la letra pequeña en los contratos. También son comunes las infracciones referidas a la Ley de Política Lingüística, pues 41 (56%) no disponen de documentos de oferta de servicios en catalán, 36 no tienen ejemplares de los contratos en este idioma (49%), 30 no tienen rotulación fija en catalán (41%) y tres no tienen contratos diferenciados en catalán y castellano (4%). La campaña, llevada a cabo durante el primer semestre, se ha realizado en centrales, sucursales, agencias, empresas franquiciadas y corredurías situadas en la ciudad de Barcelona y en otras grandes ciudades catalanas. La información señala algunas confusiones del comunicado dado a conocer por ACC. Por otra parte, Unespa señala que las entidades van a estudiar los expedientes y adoptarán las medidas que estimen oportunas en su defensa, pero que, en todo caso, “la inspección se refiere al conjunto del sector y no exclusivamente a las entidades aseguradoras que, tal y como miden las estadísticas de la DGSFP, registran un índice de reclamaciones muy bajo en relación a los 90 millones de pólizas que hay en el mercado”. Desde la patronal aseguradora también se afirma que una de las cuestiones administrativas inspeccionadas, como las hojas de reclamaciones, aún siendo obligatorias y necesarias para el conjunto de la economía, en el ámbito asegurador pueden actuar en contra de los intereses del consumidor, ya que dispone de una vía directa de reclamaciones mucho más eficaz y garantista (Departamento o Servicio de Atención al Cliente o de Defensor del Asegurador). Finalmente, se incluye un cuadro resumen en el que se refleja el tipo de infracción detectado por la Agencia Catalana de Consumo, número de entidades infractoras sobre el total visitado; y, por último, porcentaje sobre infracciones totales de una determinada falta.
