Las aseguradoras estadounidenses y los ciudadanos norteamericanos destinados en las bases aéreas de este país se saltan a la torera las disposiciones de la Ley de Ordenación del Seguro Privado. Esos ciudadanos aseguran sus coches matriculados en España, sus pisos y chalés donde viven en compañías de Estados Unidos que no tienen autorización para operar aquí. Se explica cómo se realiza este delito monetario. La investigación de la Dirección General de Seguros no tiene posibilidades de éxito, a la hora de aplicar sanciones.