Ayer comenzó el juicio contra diecisiete acusados por apropiación indebida, entre otras cosas, de la quiebra de APOLO. Para ellos el fiscal Ignacio Gordillo solicita 182 años de prisión y 3.450 millones de pesetas en concepto de responsabilidad civil, y que se declare al Banco de Madrid y al Deutsche Bank responsables civiles subsidiarios de 895 millones de pesetas.
