El plan de pensiones para los funcionarios del estado que el Gobierno acordó con los sindicatos costará el doble de lo previsto al incoporar también al plan a todos aquellos funcionarios que no estaban representados por los sindicatos en la mesa de negociación. Falta por decidir si el plan de pensiones es obligatorio o no para el resto de Administraciones, su voluntariedad para el funcionario, resolver los problemas que provoque la movilidad laboral, etc.