Al menos una de cada 10 pólizas de vida no son cobradas por los beneficiaros porque desconocen su existencia. Las aseguradoras no tienen obligación legal de contactar con los beneficiarios y, a los cinco años de sucedido el siniestro, vence el derecho de reclamar en favor de las compañías. Para evitar esta situación la solución sería la creación de un registro al que los beneficiarios pudieran acudir sin embargo, desde la patronal consideran que esta medida supondría una colisión de derechos entre el de la intimidad del tomador y el del beneficiario a tener información.
