Una entidad pactó con el Gobierno Vasco el suministro e instalación de una galería de tiro móvil. Al detectarse anomalías en el diseño y funcionamiento del equipo, el Gobierno Vasco resolvió unilateralmente el contrato. La compañía aseguradora de la entidad pagó al Gobierno Vasco. La Aseguradora presentó demanda en el correspondiente Tribunal de Primera Instancia contra la compañía e interesó se le condenase al pago de la cantidad satisfecha en cumplimiento del aval y que, solidariamente, se condenase a los administradores a responder de la deuda contraída por la compañía. incluidos también, en todo los casos, los intereses legales, así como las costas del procedimiento. Ante esto, la compañía argumentó que el contrato con el Gobierno Vasco se había ejecutado correctamente y alegó que la entidad aseguradora no le comunicó el pago que había realizado, lo que le impidió reclamar a dicho Gobierno la devolución del material entregado y la correspondiente indemnización de los daños y perjuicios ocasionados. Los administradores también se opusieron a la demanda y suplicaron su desestimación.
