Un menor es atendido de urgencia por un fuerte dolor testicular que es diagnosticado inicialmente como epididimitis. Se le prescribe un tratamiento y se le da el alta. Varios días después, el menor requiere de una nueva asistencia de urgencia y, se le diagnostica ahora de una torsión testicular, de la que es intervenido quirúrgicamente. En una tercera intervención, se decide una nueva intervención consistente en extirpación del testículo, ya que existía necrosis. Los padres del menor demandan a la aseguradora del Servicio Público de Salud, alegando que ha existido una falta de consentimiento informado durante los diversos actos médicos realizados al menor, así como una falta de pericia por parte del personal hospital.
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