Se aborda en esta sentencia la antijuridicidad necesaria para apreciar la existencia de responsabilidad patrimonial, en este caso en relación con un tema importante, sobre el que existían dos tesis en la jurisprudencia del TS, la consideración como daño indemnizable del pago de honorarios a un asesor fiscal ante una actuación de la Administración tributaria después declarada judicialmente ilegal. A nuestro juicio, la Sentencia, de excesivo prurito teórico, mezcla sin demasiada claridad antijuridicidad y deber jurídico de soportar el daño.
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