Trata la Sentencia de la responsabilidad patrimonial por los daños sufridos por una empresa constructora como consecuencia de la suspensión cautelar de unas obras, en aplicación del artículo 66 LBRL. El Tribunal Supremo examina minuciosamente los conceptos de pérdida de beneficios e inmovilización del capital, corrigiendo en parte las valoraciones de la prueba realizadas por la Audiencia Nacional, algo poco frecuente en casación.