En los supuestos en los que exista una resolución administrativa o judicial que declare la suspensión del contrato de obra o la ampliación del plazo, el contratista estará legitimado para solicitar al órgano de adjudicación una indemnización de los daños y perjuicios sufridos, previa acreditación fehaciente de su realidad, efectividad y cuantía por el contratista. El autor analiza cómo sería esta indemnización y en qué casos.
