Este caso de RC de la Administración, mal resuelto en un país miembro del Consejo de Europa, produce finalmente RC, pero de carácter internacional, logrando el perjudicado una indemnización a cargo del Estado. Lo curioso del caso, y de trascendencia para la futura aplicación de la RC en España, es que la tardanza en resolver el proceso no vulnera la tutela judicial efectiva sino el mismo derecho a la vida, lo que abre la posibilidad de invocar este derecho en los casos de RC en los tribunales españoles.
