La doctrina mayoritaria aboga por eliminar la responsabilidad objetiva de la Administración; sin embargo, la jurisprudencia la sigue manteniendo, aunque con tendencia hacia su desaparición, y son ya pocos los casos de responsabilidad por `funcionamiento normal`. El autor propone una relectura constitucional de esta responsabilidad, centrada en el elemento de la antijuridicidad. Como demuestra con diversas sentencias, la antijuridicidad se produce no solo cuando se incumplen obligaciones administrativas impuestas por la ley sino también cuando se incumple el deber de protección de los derechos fundamentales. Ello obliga a una reducción del ámbito del principio de legalidad de la Administración, operada ya de hecho por la jurisprudencia sobre responsabilidad patrimonial
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