Francisco Tomey, presidente de la Diputación de Guadalajara desde hace 15 años y pendiente en la actualidad de una sentencia del Tribunal Supremo respecto a un caso en el cual ha sido acusado de la ocultación de 3.500 millones de pesetas en los presupuestos de la diputación que preside, presenta en su trayectoria un gran número de irregularidades morales y políticas. Entre estas se encuentra la repetida falsificación de su historial académico, cobrar el subsidio por desempleo siendo predidente de Alianza Popular en Guadalajara y sobre todo el tráfico de influencias, que ha practicado para otorgar contratos de seguros de la Diputación de Guadalajara a la aseguradora Previasa, presidida por su hermano Pedro Tomey, y para obtener prestamos de la Caja de Ahorros Provincial de Guadalajara, presidida por Juan José Aldana, para la empresa de construcción inmobiliaria Advice Consulting, de la cual erán principales accionistas su esposa, sus hermanos Pedro y Lorenzo, y la esposa del propio Aldana.
