La Sentencia emitida por el Tribunal Supremo el 25 de noviembre del pasado año, libra de responsabilidades a la administración en los casos de inoculación con el virus de la hepatitis C por transfusionse de sangre antes de la Orden Ministerial de 3 de octubre de 1990 que obliga a la Administración Sanitaria a realizar pruebas para la determinación del virus por entender que no podían evitar el contagio ante la falta de obligación de control.
