A lo largo de la geografía española se ve cómo no existe unanimidad en las autoridades policiales y judiciales a la hora de decidir cómo actuar respecto a los atestados de accidentes de tráfico. La ponencia intenta contestar preguntas como a quién corresponde instruir los atestados, en qué casos se deben instruir, qué información deben contener, si son secretos y quién puede acceder a su contenido, qué impacto tiene la Ley de Protección de Datos en los atestados, etc.
