Un asegurado declarado en situación de invalidez absoluta y permanente por la Seguridad Social pretende el cobro de la indemnización prevista por el seguro de Vida que había contratado para tal eventualidad. En esta sentencia, el Tribunal Supremo desestima las pretensiones del asegurado al determinar que la cláusula recurrida era una delimitación del riesgo y no una cláusula limitativa de derechos.