La autora analiza el caso de un cliente que encarga a su abogado, con el que mantiene una vinculación de asesoramiento permanente mediante iguala, la tramitación de una subvención. Una vez le es concedida, la Administración requiere al interesado para que aporte determinada documentación justificativa, trámite que es obviado por el mencionado abogado, lo que provoca el dictado de una resolución administrativa reclamando la devolución de la subvención.
