El autor se centra en la pretensión de las cajas de ahorros de solicitar a los poderes públicos un cambio legal que les impida tener que pagar a las aseguradoras socias en seguros importantes indemnizaciones, en virtud de los acuerdos de colaboración suscritos bilateralmente y en los que las cajas actuaban como operadores de bancaseguros. Se posiciona en la negativa a aceptar que sea asumible aceptar realizar un cambio legislativo al marco actual para proteger los intereses mercantiles de las cajas en virtud de acuerdos asumidos de manera libre y consciente. También considera que se debe seguir este tema y que los representantes de la mediación profesional manifiesten su posición de manera clara en este asunto.