El autor aborda, a raíz de la aprobación el pasado 14 de junio, en el Consejo de Ministros, del Proyecto de Ley de Seguridad Privada para su remisión a las Cortes, la amenaza de la pérdida de privacidad en aras a la seguridad. Considera ineludible la necesidad de gestionar con prudencia y ponderación el derecho a la información, pero siendo conscientes de que hay que contener la expansión de la vigilancia en aras a la protección de la privacidad. También entiende que hay que hacer compatibles el ejercicio de los derechos fundamentales de la seguridad con la privacidad, lo cual nos lleva a reconocer que este no es un problema solo de la seguridad, sino que es una cuestión social. Las recientes noticias del caso Edward Snowden hacen cuestionar si las medidas de control sobre la vigilancia son o no suficientes.