Para incurrir en un delito ecológico, basta con incumplir la normativa ambiental y poner en peligro el entorno. El Código Penal impone penas de prisión, multas e inhabilitación profesional; sin embargo el Código Penal exige que el daño sea imputable a una persona física, lo cual es difícil de aplicar en el ámbito empresarial donde a menudo el daño sólo se puede imputar a una persona jurídica. En 1997, el caso más sonado fue la sentencia condenatoria contra el empresario Puignero.
