La acción de responsabilidad civil dirigida contra la Administración Sanitaria está sujeta al plazo de prescripción de un año establecido en el artículo 1968 del Código Civil para la responsabilidad extracontractual, rechazando la calificación de contractual partiendo de la configuración constitucional de la Seguridad Social como un régimen que los poderes públicos tienen que mantener para garantizar a todos los ciudadanos la asistencia y prestaciones sociales suficientes (art. 41 CE) y de su consideración como una función del Estado sujeta a un régimen de configuración legal y de carácter público. Dicho plazo no se ha interrumpido por reclamación extrajudicial del acreedor, pues la eficacia de la interrupción depende de una declaración de voluntad recepticia por parte del acreedor, que, además de la actuación objetivamente considerada, impone que la misma haya llegado a conocimiento del deudor, siendo jurisprudencia reiterada que la interrupción de la prescripción es una cuestión de hecho, cuya existencia compete a la sala de instancia, sin que los demandados tuvieran conocimiento de la reclamación, pues a ninguno de ellos se dirigió el telegrama.
