A la hora de fijar la ratio de solvencia, esta normativa obliga a las entidades a calcular las provisiones para afrontar sus compromisos futuros con tipos de mercado, a diferencia de lo que ocurría antes de la aplicación de esta norma, cuando se aplicaban tipos de interés más altos, ya que las entidades cuentan con carteras antiguas de deuda que ofrecen alta rentabilidad.