El autor comenta la sentencia dictada por la AP de Girona en fecha 3 de febrero de 2021, en la que se condenó a una aseguradora a indemnizar a un asegurado que tenía contratada una póliza de negocio que incluía una indemnización por `paralización de actividad` por razón del cierre que decretaron las autoridades a los establecimientos públicos por razón del Covid-19. Finalmente, llega a la conclusión de que la sentencia analizada no puede ser un referente para una condena en masa frente a las compañías de seguros ya que el marco legislativo lo impide.
